En el baño de un departamento de la ciudad hay un cadáver. Está vestido con un pantalón corto, oscuro, y una remera blanca. Descalzo. Paralelo a la bañera, boca arriba, la cabeza hacia la derecha, recostada sobre la bisagra inferior de la puerta cerrada. Si no fuera por la sangre que irradia toda la escena de muerte violenta, por esa desmesura de charco escarlata, podría parecer un hombre dormido.

La mano izquierda sobre el pecho. El brazo derecho en el suelo, flexionado hacia arriba, con la mano cerrada cerca de la frente. Una cintita roja en la muñeca. Las piernas estiradas. Cerca de la rodilla derecha hay un casquillo de bala. Su sangre se acumuló en el tercio del piso que da hacia la puerta. Tras el disparo, siguió emanando a borbotones de un orificio de 6 milímetros que está tres centímetros sobre su oreja derecha y 7 milímetros hacia adelante: ni detrás de la oreja ni cerca de la sien.

Debajo de su hombro izquierdo, junto a la bañera, hay un arma. Es una pistola de bajo calibre, vieja, pero cargada con balas sofisticadas, de punta hueca y alta velocidad. La pistola también está cubierta de sangre. Es un domingo lluvioso de enero y el país está a punto de entrar en conmoción.

El muerto es un fiscal federal de la Nación. Ha investigado un atentado considerado de lesa humanidad y hace cuatro días que denunció al Presidente del país por encubrir a sus autores. Mañana lo esperan en el Congreso para escuchar los argumentos de su acusación. Pero ahora son las 10.10 de la mañana y todavía nadie sabe que está muerto.

O casi nadie.

Enero 2020.